Y Antididáctica es también romper el segundo tabú de la educación, y decir, alto y claro, que Los responsables del sistema educativo son unos incompetentes. Es más, cuanto más alto se asciende en la jerarquía del sistema educativo nacional, más improvisación y más irresponsabilidad encontramos.
La relación entre jerarquía y incompetencia ya fue analizada por Laurence J. Peter en su libro "El Principio de Peter": Toda jerarquía impulsa al incompetente hacia arriba, es un hecho, no digo nada nuevo, pero en España y en Catalunya este impulso llega a extremos insoportables, parece como si se premiara el disparate y el quijotismo.
Como no podría ser de otra manera, el problema educativo es parte de un problema político general, un sistema político en el que reina la incompetencia, la improvisación y la irresponsabilidad más absoluta. El llamado "procés" independentista catalán es un ejemplo magnífico de lo que estoy diciendo.
El mismo problema político que hace cien años. En La Vanguardia de hace un siglo podemos encontrar artículos en los que se denuncia la misma situación, y con una claridad y desparpajo envidiable: La política, entonces como ahora, no se entiende como sacrificio por la comunidad (patriotismo) sino como mecanismo de lucro a costa de la comunidad (nacionalismo).
ASPECTOS
¿Para qué quieren ser diputados?
(La Vanguardia, 8 de Marzo de 1918, página 8)
Creo
que a algún lector, al ver las listas de candidatos triunfantes y
derrotados, al leer las denuncias de compra de votos, las cifras
fabulosas que se dicen gastadas por algunos pródigos, las reyertas, las
violencias y hasta las muertes producidas a causa de las elecciones, se
habrá preguntado ¿por qué querrán ser diputados? ¿a qué ese afán, ese
esfuerzo, ese no reparar en medios que llega a revestir las proporciones
de un vicio? Pues si el lector dé la pregunta conociera las
circunstancias personales de muchos de los diputados, su edad, su
profesión, sus antecedentes políticos, sus estudios, su participación en
las disputas de la república (casillas que para buen número de ellos
estarían completamente en blanco) todavía la incógnita de ese afán de
ser Diputados seria más apremiante y más obscura. ¿Para qué se afanan
tanto? ¿Para qué disipar su hacienda hombres que no han dado señales
públicas de civismo, que no han demostrado ser entendidos en los
problemas de la ciencia política, que no han intervenido en las disputas
de la plaza pública, que han permanecido indiferentes en las crisis de
la ciudad? ¿Por qué la solicitud con que los personajes procuran que
sean diputados sus hijos, sus yernos, sus secretarios particulares, sus
pasantes? ¿Por qué se da esa importancia a la investidura de
representante de la nación, en un país donde las Cortes no han llegado
desde hace muchos años, si alguna vez llegaron, al tiempo de su duración
legal; donde permanecen cerradas la mayor parte del año y donde el
Parlamento sólo tiene una soberanía nominal, que en la práctica está
tutelada y dominada por otros organismos? Hay varias razones para esa
desmedida vocación parlamentaria. La conservación de los cacicatos
locales, y un cierto snobismo de gente rica, influyen sin duda. Mas, a
mi parecer, la causa principal es que la investidura de diputado abre
las puertas a la carrera política, permite ser, sin otras condiciones
gobernador, director general, subsecretario. Una elección de diputado
basta para adquirir condiciones legales y para cubrir con el manto del
respeto al poder parlamentario las más escandalosas improvisaciones en
los altos puestos de la administración. Data este estado de cosas de la
ley de Presupuestos de 1876. A raíz de la Restauración, se encontró
Cánovas con un problema semejante al que se había planteado a los
triunfadores de la Revolución de 1860 al día siguiente de ésta, bien que
ellos no pudieran preocuparse demasiado del caso, por lo turbulento del
periodo, constituido por una serie de interinidades. El problema era
contener de algún modo los apetitos de botín que trae un cambio de
régimen, sobre todo si han intervenido en él la conspiración y la
violencia; acallar ó moderar las apremiantes demandas de Saqueo de los
auxiliares y los partidarios, semejantes al ejército que acaba de tomar
por asalto una ciudad.
El botín en las luchas políticas son los cargos
públicos. Pero Cánovas y cuantos han querido levantar una barrera
artificial de requisitos legales que se opusiera a estos apetitos,
erraron por completo el camino. No comprendieron que la buena provisión
de los cargos públicos es una cuestión de conducta y no de trabas
legales ó reglamentarias. Mostraron el deseo de atarse las manos, de
limitar sus facultades, como si desconfiaran de sí mismos, como si
comprendieran que habían de ser débiles ante las aludidas
solicitaciones. Mas todo sistema de garantías legales que no va
acompañado de un firme propósito de conducta, (que de existir hace
inútiles esas garantías externas) forzosamente se falsea. Por algo dice
la sabiduría popular: «quien hace la ley, hace la trampa». Y son dos
males. No pienso que el sistema de restricciones en la provisión de los
altos cargos, fuera una comedia, un medio hipócrita de adecentar las
arbitrariedades, cubriéndolas con ciertos requisitos externos. Fue
probablemente un acto de buena fe, inspirado en el criterio de la
desconfianza que domina en nuestra legislación y que por lo general ha
fracasado en la práctica, sirviendo más de estorbo para el bien que de
impedimento para el mal. Hecha la ley, se hizo la trampa, que consistió
en fabricar aptitudes, ó mejor dicho apariencias de aptitudes,
fabricando diputados. Entre el hecho de sentarse en el Congreso y la
capacidad y preparación para desempeñar una Dirección general, una
subsecretaría ú otro de los que se llaman «altos cargos», no hay
relación lógica aparente. La declaración de aptitud a favor do los
elegidos del sufragio respondía a la tradición del sistema y hasta a la
superstición del parlamentarismo, pero estaba en pugna con el concepto
técnico de la Administración y con el predominio que la noción práctica
del servicio público va tomando en el Derecho público moderno sobre la
noción metafísica de la soberanía. Como despojos ó menesteres de
soberanía podían darse los cargos a los representantes en Cortes; como
funciones de servicio público sólo pueden legítimamente darse a los
competentes, sin consideración a sus relaciones con el sufragio. La
libre provisión hubiera ofrecido menos inconvenientes, por la exacción
del miedo al escándalo, que la provisión por título parlamentario. No ha
mucho se dio un caso característico. Un joven, hijo de un ex-ministro,
fue elegido diputado y nombrado a poco Director general. El agraciado
carecía de todo antecedente de cultura que justificase la designación.
Es indudable que a no mediar la investidura parlamentaria, el
nombramiento, sólo a título de hijo de su padre, habría sido más
escandaloso, más difícil de lograrse. Sin embargo, todo era uno y lo
mismo, sólo que en vez de haberse otorgado una gracia, eran dos las
concedidas, el acta, como medio para la Dirección y la Dirección como
consecuencia del acta y una y otra efectos directos del afortunado
estado civil de hijo de un ex-ministro. Una reforma por virtud de la
cual el cargo de diputado a Cortes no diese condiciones administrativas,
favorecería a la Administración y al Parlamento, permitiendo una
selección mejor en cada una de estas esferas. La reforma es fácil. Puede
hacerse hasta por un articulo de la ley de Presupuestos. Merece la pena
de que la estudien los que de buena fe procuran la regeneración, ó más
modestamente dicho, la reforma de nuestras costumbres políticas.
ANDRENIO
Cien años después, en el mismo diario, el exconseller Santi Vila reconoce públicamente que en la actualidad, mandar lo que se dice mandar, en Catalunya manda Twitter (link):
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