Hace exactamente cien años, el jueves 11 de abril de 1918, en el mismo diario, encontramos un artículo que analiza la situación política española que podría aplicarse párrafo a párrafo, frase a frase, a la situación actual. En el camino hemos perdido léxico, han desaparecido palabras, por ejemplo ha desaparecido el patriotismo, ha desaparecido el prestigio de los hombres públicos, ha desaparecido el honor... ¡Qué digo! Que cada uno extraiga sus propias conclusiones.
La vida política
(La Vanguardia, jueves 11 de Abril de 1918, página 11)
Nuevamente se está poniendo de manifiesto el defecto grave de nuestra ley electoral, el que consiste en someter las actas al Tribunal Supremo; la más alta representación de la justicia es objeto de discusiones apasionadas en las que no sale bien parado su prestigio, y sus fallos no merecen el respeto que deben inspirar las decisiones de un tribunal de tanta altura. Hay que separar resueltamente la justicia de la política; los pleitos de ésta son esencialmente políticos y no encajan bien en la elevada misión del Tribunal Supremo de Justicia. Este y el art. 29 son los puntos vulnerables de la actual ley electoral, que necesita en estos extremos una reforma inmediata.
De la discusión de las actas verificada en el Congreso, resulta que en las últimas elecciones se han cometido todos los abusos tradicionales en nuestras costumbres, si bien se observa que no se atribuyen al gobierno que las presidió los vicios que se denuncian. Esto es un progreso evidente realizado en lo alto; contra el ministro de la Gobernación señor Bahamonde nada se alega; pero en cambio los caciques y las autoridades inferiores se han despachado a su gusto realizando los mayores atropellos, las mismas coacciones y los mismos atentados contra la libertad del elector que han caracterizado siempre nuestras luchas electorales. Se tardará mucho tiempo en llegar a conseguir que el ciudadano tenga conciencia de su derecho y noción de su fuerza; para esto es necesario una educación cívica de que nadie se cuida y serán inútiles cuantas leyes se hagan para conseguir la sinceridad electoral, si el ciudadano es el primero que se presta a vender su voto por dinero, por gratitud ó por miedo.
El Congreso actual ha comenzado sus tareas con los escándalos usuales en la discusión de las actas y aun no están del todo aprobadas, cuando ya se intenta levantar por procedimientos parlamentarios el castigo impuesto por el Tribunal Supremo a varios distritos. Este es el medio más seguro para hacer ineficaces todas las penas; aquí se piensa en el perdón antes que en el castigo, y si los distritos se convencen de que no han de tener eficacia las sanciones que imponga el Tribunal Supremo a sus faltas, habremos de renunciar a toda esperanza de redención en esta materia. No andamos cortos en España en eso de establecer penalidades para toda clase de delitos y faltas; pero desgraciadamente se convierten en amenazas que no se cumplen jamás y de esto están enterados todos aquellos a quienes la penalidad afecta.
Como siempre, al constituirse las Cámaras ha surgido la acostumbrada explicación sobre el juramento y la promesa. Esta viene siendo la primera muestra de virilidad y entereza de carácter que dan los representantes del país que no están conformes con el régimen y la primera comedia parlamentaria a que asiste regocijado el público de las tribunas. Figurémonos que a un ciudadano que no sea político profesional y que tenga recta conciencia, se le dice:—Para entrar en esta asociación de que pretendes formar parte, para sentarte en esa reunión en que quieres intervenir es necesario que jures sobre los Evangelios ó prometer por tu honor algo que es contrario a tus creencias y a tus propósitos. ¿Qué contestará? Seguramente que renuncia a formar parte de la asociación de que se trata y a intervenir en la reunión aludida. Ni el cristiano ni el hombre de honor se prestarían a esta farsa.
Pues los políticos profesionales enemigos del régimen de la monarquía y de la Constitución han hecho un arreglo con su conciencia para salvar esta dificultad. Juran ó prometen solemnemente, pero antes ó después del acto se levanta el jefe de la minoría a que pertenece y dice poco más ó menos:-Conste que el juramento y la promesa no nos obligan a nada y que estamos dispuestos desde este momento mismo a faltar a lo jurado y a lo prometido. El honor y los Evangelios nos tienen sin cuidado: todo ha sido una pura comedia impuesta por la necesidad de tener asiento en la Cámara.
Esta bonita inauguración de las tareas legislativas no ha faltado en ningunas Cortes desde la restauración hasta hoy. El ejemplo que se da en el seno de la re- presentación nacional no puede ser más abominable: al juramento sigue el perjurio cuando todavía está sobre la mesa la imagen de Cristo y el libro abierto del Santo Evangelio.
Se dice en defensa de este espectáculo que no es posible que por evitar el juramento ó la promesa dejen los hombres de ir al Parlamento ó defender las doctrinas que profesan representando una parte de la opinión pública; pero nosotros alegaremos con una autoridad tan grande como la de don Antonio Cánovas del Castillo que nadie tiene necesidad de hacer protestas porque el juramento no obliga a la renuncia de ningún ideal y solo quiere decir que el diputado contra el que ninguna sanción penal puede aplicarse, se comprometo al jurar a no faltar a la ley en el ejercicio de su cargo, a no cometer en el Congreso los delitos de palabra que realizados por otro cualquier ciudadano darían lugar a un proceso.
Pero es el caso que aun interpretado en este sentido el juramento faltan a él en el curso de la legislatura no pocas veces, los señores diputados. Lo mejor sería ahora que va a reformarse el reglamento, abolir el juramento y la promesa para evitar en lo sucesivo esa sesión del perjuicio y de la falta de honor con que comienzan su labor los representantes de los partidos extremos. Sosteniendo como nosotros sostenemos que los diputados y senadores son unos ciudadanos como todos los demás, sin ninguna clase de fueros ni privilegios juren ó no juren, prometan ó no prometan, están obligados como todos los españoles al cumplimiento de todas las leyes.
Ningún privilegio puede ser democrático; pero el de delinquir que se quieren atribuir algunos representantes del país es odioso en todos sus aspectos e intolerable en una sociedad de hombres honrados. Por una contradicción que es muy frecuente en el espíritu humano los que se llaman más avanzados en ideas, los que proclaman con más ahínco el principio de igualdad son los que se quieren elevar sobre el resto de sus conciudadanos amparándose en fueros ridículos y buscando escudos para resguardar su propia impunidad. Esto de los juramentos por baladí que a algunos parezca tiene grave importancia. Por empeñarse el señor Montero Ríos en el año 1869 como ministro de Gracia y Justicia en que el clero jurase la Constitución so pena de no cobrar sus haberes, se produjo en la sociedad española la más honda perturbación religiosa y se sembraron los gérmenes de la segunda guerra civil.
Nosotros creemos que las leyes del Reino obligan a todos los españoles sea cual fuese su clase y condición y que no es preciso que nadie jure ni prometa obediencia a las mismas para que le pueda ser exigida. Al reformar el reglamento del Congreso puede señalarse la sanción que corresponda al abuso que de su derecho pueda cometer el diputado y con esto se podrán suprimir el juramento y la promesa ó sea hablando claramente el perjuicio y la falta a su palabra de algunos representantes del país. Vayamos quitando convencionalismos y hagamos completamente serios los actos que se verifican en el recinto en que las leyes se elaboran. Con eso se acrecentará el prestigio de los hombres públicos hoy bastante mermado y no se darán ejemplos tan poco edificantes como el de tomar a broma en los comienzos de cada Congreso la religión y el honor.
EMILIO SÁNCHEZ PASTOR
Cien años después (http://www.lavanguardia.com/politica/20180310/441411247396/puigdemont-ataca-juez-llarena.html)
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