martes, 22 de julio de 2014

Las listas negras de ANELE

Este anuncio a toda página de La Vanguardia del dia 22/4/1977 (pàgina 3) nos muestra un tiempo en el que el negocio de los libros de texto era legítimo y honesto, ofreciendo productos con publicidad en la prensa, competiendo en calidad y innovación educativa.

 Todo lo contrario de lo que es actualmente: una industria obsoleta que sólo se mantiene en vida por la enorme subvencion de dinero público que recibe, el dinero que los padres dedican cada año en comprar los libros de texto para sus hijos, directamente o indirectamente  mediante cheques educativos.

La Asociación Nacional de Editores de Libros (Anele) se encuentra en pie de guerra porque la llegada de la nueva ley educativa LOMCE (La ley Wert) se está encontrando con la insumisión de muchas de las CC.AA. en la renovación de los libros de texto. Muchas CC.AA. se niegan a obligar a los padres a cambiar todos los libros de texto porque esta nueva ley sólo afecta al temario de unas pocas asignaturas. Y esto, claro está, va en contra de los intereses de los editores.

Es realmente interesante ver como funciona la política comercial de los libros de texto escolares. Dentro de un sistema de libre mercado como el nuestro, podríamos suponer que los editores tendrían que vender sus productos, los libros de texto, con publicidad, mostrando sus excelencias y ventajas respecto a los de la competencia y al hecho de no comprarlos. Y con la misma ingenuidad podríamos suponer que estos productos, los libros de texto, se venderían en librerias, donde se muestran estos libros, los puedes coger, ojear, comparar en contenido y precio...

Pues no. Nada de esto pasa en el negocio de los libros de texto escolares. El negocio de los libros de texto se realiza en los pasillos y despachos del poder político.

Podemos leer en El Pais (6/7/2014) “José Moyano [Presidente de Anele], ha remitido un informe a la Vicepresidencia del Gobierno, en el que se señala que ocho de las 17 comunidades autónomas están recomendando a los colegios que no cambien los libros de texto y que, por lo tanto, se empleen manuales no adaptados a la nueva ley educativa”. Así funciona esta gente, remitiendo informes directamente a la vicepresidencia de la nación con “listas negras” de comunidades sumisas y insumisas. No sabemos el tono con el que se presentó, si fue con altaneria “semelosobligueacomprarlibrosnuevosperoya” o más suplicante “vicemiraestosquenocompranlibrosnuevosdilesalgojopelines”.

En el diario El Mundo (20/7/2014) leemos más declaraciones de José Moyano: «El ministro tiene un problema de liderazgo y no le siguen ni las comunidades del PP. Esto es un caos», denuncia José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros (Anele), «preocupado» por cómo va a repercutir la situación en el sector. «Es la primera vez en la Historia de España que un cambio normativo no viene acompañado de un cambio de libros de texto». Este señor debe ser realmente poderoso para atreverse a señalar con el dedo así tan farruco a todo un ministro. Porque no estamos hablando de industrias importantes como la automovilística, ni estratégicas como la de armamento, estamos hablando de unos señores que fabrican unos libros escolares en la era de Internet.

Lo más triste de todo es que, como suele pasar en toda industria subvencionada, no ha tenido la más mínima necesidad de innovación, con el resultado penoso de quedarse totalmente descolgada de la revolución digital de los últimos veinte años, con productos que no son ya atractivos para nadie, ni alumnos, ni padres ni profesores (¿alguien conoce algún docente que valore positivamente el libro de texto?)

En una entrevista pasada a la revista Eroski, el señor José Moyano nos ofrece toda una declaración ética: “Nos preocupa que las políticas de gratuidad generen una impresión a la población de que todo es gratis. No valorar el libro, la creación o los derechos de autor es una política nefasta que hace un daño enorme y que perjudica en lo más identitario de nuestro país que es nuestro patrimonio cultural.”

Leemos en El País (9/1/2014): “En 2004, recuerda [Moyano], el ejecutivo socialista paralizó con un real decreto el calendario de aplicación de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), aprobada cuando gobernaba el PP y que no llegó a aplicarse. Esto supuso un perjuicio que Anele calcula en 50 millones de euros para el conjunto del sector porque los libros ya habían sido impresos, incluso distribuidos en parte. El Estado tuvo que compensar a las editoriales que reclamaron judicialmente por responsabilidad patrimonial."

Ya vemos como las gastan esta gente. O compramos sus libros por las buenas, o nos los harán pagar a las malas "por lo penal". ¿hasta cuando?









No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada